
La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ha marcado un punto de inflexión en Medio Oriente, sumiendo a la región en una escalada bélica y política sin precedentes. Esta alianza binacional no solo llega a intensificar un conflicto de alto costo humanitario, sino que, con sus acciones militares unilaterales, cuestiona la vigencia del sistema jurídico internacional, que por generaciones se ha construido con la experiencia histórica de las guerras que le dieron legitimidad.
Nombrada por Washington como “Operation Epic Fury” y por Tel Aviv como “Roaring Lion” (León rugiendo), la campaña se inició el 28 de febrero de 2026 con bombardeos aéreos, misiles de crucero y drones dirigidos a objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades iraníes. Las autoridades aliadas justificaron la operación como un esfuerzo necesario para desarticular redes de comando, sistemas de defensa aérea, bases de misiles y capacidades nucleares de Irán, presentando los ataques como medidas preventivas ante amenazas consideradas inminentes.
Antes de la ofensiva del 28 de febrero de 2026, Irán atravesaba un clima de alta tensión marcado por semanas de protestas masivas y meses de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra. Aunque se registraron avances parciales y se discutieron temas como misiles balísticos y sanciones, las conversaciones no resolvieron los asuntos más críticos. Paralelamente, Washington e Israel coordinaron planes militares, dejando claro que la opción de la fuerza se preparaba incluso antes de que concluyeran las negociaciones.
Los primeros reportes de medios internacionales y locales, y filtraciones en redes sociales mostraron columnas de humo elevándose sobre instalaciones militares y edificios gubernamentales. Entre los objetivos alcanzados se encontraba el complejo del líder supremo Ali Khamenei, quien falleció el mismo 28 de febrero, y varios centros de seguridad del Estado. Trágicamente, una escuela de niñas en Minab, al sur del país, fue impactada por un misil israelí al inicio de la ofensiva, causando la muerte de más de 165 menores y dejando cientos de heridos, un hecho que provocó condenas internacionales y reavivó el debate sobre la protección de civiles e infraestructuras educativas en contextos de guerra.
La Media Luna Roja iraní reportó más de 550 decesos y 747 heridos en los primeros dos días de combates, incluyendo numerosos civiles, así como daños significativos a la infraestructura urbana y servicios esenciales. La respuesta militar de Teherán fue inmediata: misiles balísticos y drones fueron lanzados contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en el Golfo, provocando incidentes de fuego amigo y daños en equipos militares. El conflicto se ha extendido más allá de las fronteras iraníes, afectando países vecinos y rutas comerciales estratégicas como el Estrecho de Ormuz.
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En cuestión de días, el impacto regional y global ha sido palpable. Los mercados energéticos experimentaron sacudidas, el transporte marítimo enfrentó interrupciones y las capitales del mundo expresaron alarma ante la posibilidad de un conflicto duradero.
Por su parte, la comunidad internacional ha reaccionado de manera profundamente dividida. Algunos gobiernos han hecho llamados a la calma y a la diplomacia, mientras que otros condenan los ataques como una agresión injustificada que vulnera la soberanía de Irán y el derecho internacional. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha enfatizado que su país no avala que las potencias impongan su fuerza sobre otras naciones y ha hecho un llamado a privilegiar la solución pacífica de los conflictos, reforzando los principios de autodeterminación y no intervención que guían la política exterior mexicana.
Naciones europeas, como Francia, Alemania y Reino Unido, se han pronunciado sobre la necesidad de moderación y de retomar negociaciones diplomáticas, pero haciendo un énfasis especial en la protección de sus intereses y alianzas con los países del Golfo. Mientras potencias como China han criticado duramente los ataques estadounidenses e israelíes, calificándolos de “agresión flagrante” y exigiendo un alto el fuego mediante negociaciones. Países como España han rechazado apoyar militarmente la ofensiva y han abogado por una desescalada y respeto a las normas internacionales.
Algunos Estados del Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin, han condenado la respuesta armada de Irán hacia sus bases y territorios aliados, advirtiendo que defenderán su seguridad frente a agresiones. Al mismo tiempo, organismos internacionales como Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja han alertado sobre el riesgo de desestabilización regional a raíz de la eliminación de figuras clave del liderazgo iraní y la intensificación de los bombardeos, lo que podría derivar en conflictos colaterales y una escalada militar de consecuencias globales.
Este conflicto, plantea profundas implicaciones para el sistema internacional. Si recordamos que desde 1945, el derecho internacional prohíbe el uso unilateral de la fuerza salvo en casos de legítima defensa inmediata o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La operación contra Irán desafía este principio, normalizando la guerra preventiva como herramienta de política exterior y erosionando normas que han sostenido la paz durante casi un siglo. La actuación unilateral de Estados Unidos e Israel muestra que la fuerza militar puede prevalecer sobre la ley, comprometiendo la credibilidad de instituciones como la Corte Internacional de Justicia y debilitando el sistema de seguridad colectiva diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.
Por ello el caso de Irán es grave; si la guerra preventiva se consolida como instrumento legítimo sin consenso multilateral, la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza quedan a merced de interpretaciones unilaterales y decisiones estratégicas de potencias militares. Lo cual, no solo reconfigura el equilibrio estratégico en Medio Oriente, sino que pone en jaque la arquitectura legal internacional, que ha intentado contener los conflictos armados. En términos estructurales, los ataques contra Irán representan un retroceso hacia una lógica pre-1945, en la que el poder militar dicta el orden global, dejando a la población civil expuesta a las consecuencias de decisiones políticas y estratégicas de actores con capacidad de imponer hechos consumados. Por eso, el desafío a los límites de la ley frente a la fuerza militar marca hoy un precedente peligroso que podría redefinir la seguridad mundial, la diplomacia y la estabilidad global en los años venideros.
Con cada día de combates aéreos, con la amenaza de un posible despliegue físico de tropas, como aprendimos durante la guerra de Iraq, la región enfrenta un escenario más volátil, donde la escalada militar, la crisis humanitaria y la tensión geopolítica amenazan no solo a Medio Oriente, sino al orden internacional en su conjunto. La pregunta que surge es inquietante: si los poderosos logran imponer sus intereses sobre Irán, ¿qué nación seguirá siendo respetada en su soberanía frente a futuras intervenciones militares unilaterales? ¿cómo podemos seguir pensando que esto que sucede en Medio Oriente, no será nuestra propia realidad en unos años?
* Foto de portada: La escuela primaria Shahid Mahallati de Teherán, ubicada en el barrio Charah Absardar, que sufrió graves daños debido a los ataques de Israel y EU a Irán. Imagen tomada de x.com/PadDolat/
- Publicado en LadoB.
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